Opinión

Cambios contrato Catalina

POR CRISTHIAN JIMENEZ.- El presidente Luis Abinader informaría ano­che sobre cam­bios al contro­versial fideicomiso de Punta Catalina remitido al Con­greso Nacional y que ya fue aprobado por los diputados sin molestarse en ojearlo.

El mandatario, guardán­dose su encono madrileño cuando respondía pregun­tas sobre el contrato, actúa con inteligencia al corregir errores que figuran en la propuesta.

(“El presidente Luis Abi­nader hizo cambios en su agenda de hoy para traba­jar desde su oficina privada y el Palacio Nacional en un discurso que pronunciará al país en la noche del domin­go”, tuiteó la tarde del sá­bado el portavoz guberna­mental Homero Figueroa).

Las buenas intenciones no son suficientes en mate­ria de leyes y contratos, por lo que es saludable la vigi­lancia ciudadana y de los partidos políticos en temas sensitivos como la utiliza­ción de un mecanismo legal que sustrae temporalmen­te de las manos oficiales el manejo directo de un bien público.

Llovieron los cuestiona­mientos luego de conocerse la aprobación de los diputa­dos que confesaron poste­riormente, no haber leído el contrato. La falta grave alcanzó a toda la oposición, incluidos los emergentes más críticos.

Al ausentarse de la obli­gación constitucional fis­calizadora, se reavivaron las censuras a los diputa­dos, a la cabeza sus cole­gas senadores opositores. Los partidos de la Libera­ción Dominicana, Fuerza del Pueblo y Frente Am­plio se distanciaron de las posturas de sus represen­tantes en la cámara baja y realizaron críticas al con­trato. ¡Increíble!

Esta instancia, que se su­pone más crítica por la di­versidad representativa y la insuficiencia de votos ofi­cialistas para las aproba­ciones sucumbió en minu­tos, pese a lo innecesario de la prisa, ya que la falta de tiempo imposibilitaría al Senado, de mayoría perre­meista, validar el contrato antes de que finalizara la le­gislatura.

El gobierno envió voce­ros a los medios de comu­nicación y remitió espacios pagados a medios escritos que tratarían de explicar la propuesta oficial, pero eran textos a la defensiva. El ob­jetivo del millonario esfuer­zo falló.

La falta de socialización inicial, al parecer, solo sería suplida con vistas públicas en el Senado.

Las críticas se han cen­trado en supuestas viola­ciones constitucionales y en las imprecisiones sobre la participación de fideico­mitentes adherentes que permitirían entradas in­controladas de capitales, y alegados roces a las leyes de contrataciones públicas y de libre acceso a la infor­mación.

El abogado y profesor de derecho administrativo, Olivo Rodríguez Huertas, agregó otros elementos:

“En efecto, de conformi­dad a la Ley Orgánica de la Administración Pública No. 247-12, la delegación del ejercicio de atribuciones o competencias administra­tivas solo puede ser encar­gada a órganos y entes ad­ministrativos, que no es la naturaleza del Comité Téc­nico previsto y creado en el contrato de fideicomiso. En el caso la situación resulta más grave, ya que la seña­lada ley prohíbe la delega­ción de la totalidad de las competencias de un órgano o ente público como resulta ser el caso, ya que las atri­buciones originales de la CDEEE, por mandato de la Ley 142-13 quedaron a car­go del ministerio de Ener­gía y Minas a partir del año 2018, solo restándole en la actualidad a este organis­mo autónomo, la actividad empresarial pública de ge­neración de electricidad que le fuera atribuida me­diante la Ley 394-14”.

“Finalmente”, precisa,” otro aspecto que transgre­de el contrato de fideico­miso, lo constituyen dispo­siciones constituciones y legales en materia de igual­dad de trato y libre compe­tencia”.

Un amplio marco legal para los fideicomisos públi­cos y la humildad para los cambios necesarios en el contrato de Punta Catalina, evitaría a la administración abinaderista otros malos ratos y así poder centrarse en la auditoría que ponga en blanco y negro lo que to­dos sospechamos desde el principio…

Importante un mandata­rio que escuche y corrija.

Redacción

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